Francia arde: del liceo de Créteil al saqueo de Limoges, la peor jornada de disturbios en años

Francia amaneció este domingo con el balance de la peor jornada de disturbios en años. La movilización del sábado 17 de octubre —nacida de un mes de protestas de estudiantes de secundaria contra el deterioro de la escuela pública y ampliada a la rebelión por el coste de la vida— terminó con más de 2.300 detenidos, 855 de ellos solo en la región de París, más de 500 policías, gendarmes y bomberos heridos, un manifestante muerto por un infarto durante la marcha parisina, dos jóvenes con secuelas graves (un chico perdió una mano en Saint-Étienne y una adolescente de 17 años perdió un ojo en Mulhouse) y un reguero de incendios, saqueos y edificios públicos destrozados de Limoges a Marsella. El presidente Emmanuel Macron habló por televisión a las 20.00 del domingo y fue tajante: «Nada justifica» esa violencia, dijo, antes de añadir que «esta noche sentimos todos ira y vergüenza» y que «quienes saquearon tendrán que pagar los daños, y quienes quisieron derribar la República responderán».

Las cifras de participación dependen de quién las cuente. El Ministerio del Interior contó 550.000 manifestantes en 110 marchas —110.000 en París—, mientras los sindicatos y los organizadores elevaban el total a unos 800.000. La mayor parte de esas marchas transcurrió en calma: padres, docentes y abuelos junto a los alumnos, pancartas contra los recortes y banderas sindicales. El problema llegó por la tarde. «Hacia el final de la tarde empezó una nueva fase, con la llegada de un gran número de personas cuyo único objetivo era robar y saquear, aprovechando el desorden», resumió la prefectura de policía de París. El mapa de daños es largo: en Limoges, un grupo entró en el hôtel de ville del siglo XIX —monumento histórico de 143 años— mientras había dentro cargos electos, empleados, personal de seguridad y público, y le prendió fuego; el techo se hundió y el edificio quedó «casi destruido», según el prefecto Maurice Barate, que habló de un acto «inadmisible». En Lyon ardieron la oficina de turismo y su rótulo; el alcalde, Grégory Doucet, lo llamó «una tragedia». En Burdeos, unos desconocidos entraron y saquearon la residencia oficial de la prefecta de Gironda y hubo que activar al RAID, la unidad de élite, en pleno centro; hubo 23 heridos, 15 de ellos agentes, y saqueos en Galeries Lafayette, Decathlon, Intersport, Apple Store, Nocibé y Snipes. En Marsella, decenas de personas forzaron la puerta del ayuntamiento gritando «esto es la Revolución, tomamos la Bastilla» y una comisaría de la policía municipal quedó destrozada; la prefectura contó más de 30.000 saqueadores, 8.000 de ellos considerados «émeutiers». En Lille vaciaron una tienda de Apple; en Nantes rompieron ventanas de tranvías y autobuses; en Rouen ardió parte de un edificio de la facultad de Letras; en Angers, Rennes, Toulouse, Estrasburgo, Grenoble, Niza, Montpellier, Avignon, Pau y Valence hubo destrozos; y en París, un centenar de encapuchados bloqueó y atacó la sede de CNews y Europe 1 (21 detenidos), un coche ardió junto a la estatua de la plaza de la República y el bar La Barrique quedó calcinado. El alcalde de París, Emmanuel Grégoire, dijo que el balance de daños será de «amplitud inmensa» y que hubo calles «metódicamente arrasadas».

¿Por qué estalló? El origen es un movimiento de estudiantes de instituto (lycéens) que arrancó el 21 de setiembre en el liceo Antoine-de-Saint-Exupéry de Créteil, en los suburbios populares de París, un día después de una huelga docente por falta de recursos. Sus demandas: plazas de profesor sin cubrir, clases de 32 a 36 alumnos, edificios ruinosos —los alumnos describen baños portátiles sin agua, ratas y cucarachas, y aulas que pasan de 40 °C a temperaturas bajo cero— y el estrés del sistema de admisión universitaria Parcoursup. La Unión Sindical Liceal (USL) convocó una primera jornada nacional el 29 de setiembre; el 1 de octubre se sumaron las universidades, una decena de centrales sindicales (CGT, FO, CFDT, UNSA, Solidaires, CFTC) y los sindicatos docentes (FSU, SNALC). Ese día el Ministerio del Interior contó 1.949 detenciones, 1.027 liceos afectados y 222 bloqueados, y cuatro días después el movimiento ya era nacional. A esa ola se pegó la protesta por el coste de la vida: desde el 15 de setiembre había movilizaciones por el precio del diésel —2,37 euros el litro, a un céntimo del récord histórico— después de que la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz dispararan el crudo; el G7 acordó liberar 100 millones de barriles de reservas y Francia sacó 10 millones de barriles de su diésel estratégico el 7 de octubre. A la cita del 17 de octubre —aniversario 65 de la masacre de argelinos en París de 1961— se sumaron los chalecos amarillos, el movimiento de 2018, agricultores, pescadores y activistas climáticos: Extinction Rebellion colgó un chaleco gigante del Monumento a la República con el lema «2026, la policía mutila a los liceales» delante y «1961, la policía ahoga a los argelinos» detrás.

¿Quiénes se están rebelando? En las marchas hay liceales, universitarios, padres, docentes, pensionistas, trabajadores, agricultores, pescadores y sindicalistas —la CGT fue una de las convocantes—, además de dirigentes de La Francia Insumisa (LFI) como Jean-Luc Mélenchon, que desfiló en el cortejo parisino. Los disturbios, en cambio, el Gobierno los atribuye a otra cosa: «Grupos de ultragauche organizaron la violencia en varias ciudades de Francia; a ellos se unieron delincuentes para saquear», escribió el primer ministro Sébastien Lecornu. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, habló de «miles de individuos de extrema izquierda» que desde el mediodía atacaron edificios públicos y se enfrentaron a la policía, «a los que después se sumaron delincuentes que saquearon y arrasaron numerosos comercios» en París, Marsella, Lyon, Burdeos, Rennes, Estrasburgo, Grenoble, Niza, Limoges y otras ciudades. Macron, en su discurso, usó una fórmula parecida: «elementos insurreccionales de grupos radicales de extrema izquierda, acompañados de numerosos delincuentes». Sobre el terreno, la policía describe «marchas no declaradas» de grupos que van de varios cientos a más de mil personas, con individuos encapuchados y vestidos de negro que atacan objetivos concretos y se desplazan de una ciudad a otra. La izquierda rechaza ese diagnóstico: LFI sostiene que el movimiento es espontáneo, acusa al Gobierno de «pensamiento conspiranoico» y Mélenchon pidió a los suyos que se mantengan lejos de «saqueos y destrozos», aunque también denunció que la estrategia policial convirtió el desorden en «jugar con fuego».

¿Y la inmigración? Es la explicación que más circula fuera de Francia, y no es la que dan las autoridades francesas. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, escribió en Truth Social que «¡Francia está ardiendo!» y que «la inmigración de gente de un mundo completamente distinto, gente con odio en el corazón, ha destrozado ese país que fue grande», con un llamamiento a «cerrar las fronteras y retomar el control». El vicepresidente JD Vance aseguró en X que «los liberales occidentales importaron el tercer mundo a Francia». Ninguna autoridad policial o judicial francesa ha vinculado hasta hoy los disturbios con la inmigración: el Ministerio del Interior y las prefecturas los atribuyen a grupos de extrema izquierda radical y a saqueadores oportunistas, y los recuentos oficiales publicados se refieren a la edad, no al origen. Al 6 de octubre, el Ministerio de Justicia informó de 5.060 detenidos desde el inicio del movimiento —el 87% menores— y más de 1.800 imputados, de ellos 1.483 menores; el 1 de octubre, Le Figaro detalló 1.793 personas en custodia, un 90% menores, con un tercio de los casos por atentados contra agentes públicos, un tercio por reunión ilícita y un tercio por daños. No hay, por ahora, desglose oficial por nacionalidad, origen o religión de los detenidos, y la fiscalía procesa caso por caso. Lo que sí se viralizó en las pancartas es un eslogan —«Bismillah, c'est les ténèbres»— que, según franceinfo y HuffPost, nació como meme tras una supuesta infiltración policial en un chat de jóvenes, y que Libération describió como una fantasía sobre la jerga de los suburbios, no como una consigna religiosa organizada. En resumen: la hipótesis migratoria existe en el debate público y la sostienen Trump, Vance y la extrema derecha francesa, pero ninguna cifra oficial francesa publicada hasta la noche del domingo la respalda.

¿Cómo van las pérdidas y cómo se estiman? Hasta hoy son cifras provisionales, y conviene saber de dónde salen. Hay tres vías. Primera: las prefecturas y el Ministerio del Interior cuentan en caliente manifestantes, detenidos y edificios atacados; son cifras rápidas y que suelen revisarse varias veces el mismo día (el domingo los detenidos pasaron de 1.800 a más de 2.300). Segunda: las patronales del comercio encuestan a sus socios. La Federación del Comercio y la Distribución calculó que 1.500 comercios fueron afectados directamente y que la factura será «muy elevada», del orden de «varios cientos de millones de euros»; su presidente, Alexandre Bompard, avisó de que solo una parte está asegurada. Tercera: los ayuntamientos tasan sus propios edificios, y ahí los plazos se estiran cuando hay patrimonio histórico: el hôtel de ville de Limoges tardará meses en valorarse, su alcalde ha amenazado con dimitir si el Estado no envía el dinero y los alcaldes de París, Marsella y Lyon ya han pedido una reunión con el primer ministro «ante la amplitud de los daños y la gravedad de la situación». Falta la pieza que suele cerrar el balance: las aseguradoras. France Assureurs no ha publicado aún su recuento del 17-O, y su método consiste en contar los siniestros declarados por los asegurados y reevaluarlos durante meses —su última estimación equivalente, para las violencias urbanas de finales de junio de 2026, acabó en 15.600 siniestros y 730 millones de euros—. A todo eso se suman daños que no salen en la foto del comercio: Marsella paró toda su red de autobuses tras los ataques, hay que limpiar y reparar calles, el despliegue policial cuesta dinero y los liceos llevan un mes de puertas, ventanas y fachadas quemadas (solo la región de Isla de Francia cifró en más de un millón de euros los accesos destrozados). Traducción: cientos de millones confirmados en el sector privado, el sector público aún por tasar y la cifra definitiva, en semanas.

El 17-O llega a seis meses de las elecciones presidenciales y ha dejado al Gobierno a la defensiva. El ministro del Interior, Laurent Nuñez, está en el ojo del huracán: la izquierda y la extrema derecha piden su dimisión por la sorpresa ante la escala de la violencia, y tiene previsto viajar el lunes a Marsella. Macron anunció «transparencia total» sobre la respuesta policial y reunió a su gabinete de crisis el domingo. Lecornu advirtió de que algunos quieren usar la violencia como «calentamiento» para las presidenciales: «Nadie impondrá su agenda política por la violencia». Marine Le Pen cargó contra un Gobierno «agotado, desorientado y aparentemente incapaz de hacer otra cosa que comentar su propia impotencia», y dijo que las reivindicaciones legítimas quedaron «secuestradas por la extrema izquierda»; el candidato de derecha Bruno Retailleau llegó a plantear la prohibición de LFI. La encuesta publicada por Le Figaro mide el doble filo: el 62% de los franceses cree justificado el movimiento, pero el 61% considera que LFI está demasiado implicada, el 74% que pone en peligro a los estudiantes y el 78% que lo explota políticamente. Y el fuego se ha extendido por Europa: Milán y Lisboa salieron a la calle por el coste de la vida y la vivienda, Madrid por los alquileres tras la muerte de una pensionista desahuciada, Lieja en Bélgica, Tirana —cinco días de disturbios—, Atenas por la vivienda estudiantil y Buenos Aires contra los recortes educativos.

Queda el flanco más incómodo para el Ejecutivo: cómo se contuvo la protesta. Amnistía Internacional denunció un uso «desproporcionado» de la fuerza, Human Rights Watch documentó heridas graves a menores y la ONU pidió rebajar la tensión; hay más de una decena de investigaciones abiertas a la Inspección General de la Policía Nacional (IGPN). El goteo de lesionados es largo: un chico de 14 años con la mandíbula rota y varios dientes perdidos en Saint-Ouen-l'Aumône, un estudiante de 16 años que perdió el ojo derecho en Tours, otro de 15 que perdió la mano izquierda en Lens, el joven de Saint-Étienne que se quedó sin mano el sábado —Nuñez no confirmó que fuera una granada policial, pero la fiscalía investigó— y la adolescente de Mulhouse que perdió un ojo. El Gobierno responde con dos argumentos: que la inmensa mayoría de los manifestantes fue pacífica —lo repiten las propias autoridades— y que la respuesta fue proporcionada en casi todos los casos, con más de 500 agentes heridos y una violencia, dijo Lecornu, «de extrema intensidad». Los sindicatos y las organizaciones estudiantiles ya han anunciado que seguirán en la calle: el movimiento no tiene un mando único, y eso, en Francia, es exactamente lo que lo hace impredecible.